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Las tres razones básicas de los mariguaneros

Por: Ángel Trejo/Analista político/Colaborador huésped

La presunción de que el reciente amparo a cuatro personas para que cultiven, transporten y consuman marihuana puede ser el primer paso de un proyecto a mediano o largo plazo para que esta droga sea comercializada universalmente en México, es algo más que una conjetura derivada de un dictamen legal de la Suprema Corte de Justicia.

Hay por lo tres elementos de juicio para suponer que los beneficiados de esta primera enmienda legal, van en pos de su proceso de largo aliento en el que suponen que hallarán los apoyos legales, sociales y económicos para lograr su objetivo último.

Saben, por ejemplo, que para lograr que el dictamen de la Corte que los autoriza a ellos a producir, transporte y consumir mariguana pueda sentar jurisprudencia y convertirse en un recurso jurídico de dimensión nacional, sólo se requiere de otras cuatro sentencias expresadas en los mismos términos.

Tres de los cuatro beneficiados –Juan Francisco Torres Landa, Pablo Girault y Armando Santacruz, un abogado empresarial, un financiero y un empresario- saben además que los tiempos históricos que corren son de “negocios”, gracias a la prevalencia del modelo económico neoliberal, y que para la concreción de estos sólo se necesita un poco de paciencia para esperar el momento oportuno y un mucho de “sin-ciencia” (o falta de conciencia) para medrar a costa del prójimo.

Saben además que el próximo paso para convertir la marihuana en un producto de consumo masivo como el tabaco y el alcohol está prácticamente en marcha -es decir configurado como vasto mercado potencial- ya que a lo largo y ancho del territorio nacional, según la más reciente de las encuestas de adicciones (2011), se reportó la existencia de 1.2 millones de mexicanos adictos a diversas drogas, entre que los iban a la cabeza los consumidores de marihuana.

¿Cómo no pensar que los 500 mil marihuanos de hace cuatro años, o los 800 mil marihuanos de hoy, forman ya una base social poderosa y generosa para hacer que la María Bonita, la yerbamala, la yerbabuena, la yerbasanta, la mota y la quemabarbas del diablo, pueda ser un artículo legal de consumo cotidiano en nuestras calles, plazas, fiestas y domicilios como hoy lo son el tabaco y el alcohol?

¡Claro, no importa que más tarde que temprano los gobiernos municipales, estatales y federales tengan que habilitar “mariguanométros” y grandes ventiladores para dispersar de las calles y los caminos del país el denso olor a petate quemado!

El dueño del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel

López Obrador (AMLO), dio a conocer recientemente su proyecto de un nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México (AICM) con el que afirma se ahorrarían más de 100 mil millones de pesos, con respecto al que el año pasado presentó el presidente Enrique Peña Nieto (EPN).

Algunos analistas han advertido que con esta iniciativa AMLO pretende tres objetivos políticos: controvertir sobre la mayor obra pública del actual sexenio para “colgarse” de la figura presidencial; ofrecerse como un administrador público “cuidadoso” y responsable del erario público y, sobre todo, estar en el candelero político en un año electoral tan intenso como 2016, durante el cual habrá elecciones locales en una docena de entidades de la República.

Al margen de las eventuales debilidades técnicas del “peje-aeropuerto” –un columnista ha dedicado más de tres trabajos de investigación periodística para demostrar que su proyecto es malo o “patito”, especialmente por el lugar donde lo ubicaría: la base aérea de Santa Lucía- la mayor falla de su opción está precisamente en su presunto mérito económico: el ahorro financiero.

En efecto: uno de los mayores méritos del proyecto de EPN está en su elevada inversión pública a lo largo de lo que resta de su sexenio y parte del periodo sexenal siguiente; y el peor defecto del de AMLO está en quererlo acotar con el propósito de “ahorrárselo” al Estado mexicano.

¿Por qué?

Porque los varios centenares de miles de millones de pesos que EPN ha destinado para el NAICM tienen dos objetivos de política económica vitales para su proyecto de trascender el modelo económico vigente: reforzar y afirmar la recién recuperada “rectoría del Estado en la economía”, luego de la exitosa promoción y aprobación de las reformas estructurales en 2013 y 2014; y contribuir con recursos financieros del Estado al rescate de la economía interna.

Es cierto que los empresarios principales beneficiados por el NAICM serán las grandes empresas constructoras y proveedoras de obras públicas, bienes de capital y tecnología –las cuales podrán no ser las mismas que las del “Peje-NAICM”, pero serían de la misma dimensión y orientación capitalista, porque en ambos casos no se puede recurrir a empresarios de ingeniería barrial o pueblerina- pero el alto volumen de la derrama financiera verterá finalmente en la creación masiva de miles de empleos multidisciplinarios, mano de obra y subcontrataciones de beneficio para empresarios medios, pequeños y aun micros.

Es decir, el propósito fundamental de la obra “macro” de EPN es hacer que el Estado recupere su nivel regulador protagónico en el mercado y que contribuya con dinero del erario público a la creación del mayor número posible de empleos a obreros, artesanos y empresarios grandes, medios y pequeños.

Frente los varios objetivos económicos y políticos del NAICM de EPN el proyecto del dueño de Morena, junto con su pretendida intención ahorrativa, se ofrece no sólo mezquino u ocurrente, sino también como el producto de un visión equívoca, corta y torpe de lo que está ocurriendo en México….si no es que el “Peje-NAICM” es una más de las respuestas de los grandes empresarios del país que están defendiendo su “libre mercado monopólico” de las indeseables intrusiones del Estado mexicano.

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