AMN. – La tremenda Corte de Justicia de la Nación le tiene miedo al tremendo presidente de la república.
Tiene la Corte, como presidente a un zacatón y cobarde, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que cobrará todavía un año más como presidente del máximo tribunal de justicia en México, permanece de rodillas ante AMLO.
¿Cómo explicarse que cuando menos 27 recursos de inconstitucionalidad en contra de leyes y decretazos de AMLO duerman el sueño de los justos en los cajones del escritorio de Lelo de Larrea con asuntos torales como el de la ilegal militarización del país? ¿Será por esa cobardía que don Arturo Zaldívar no desahoga esos pendientes o esperará a que lo sustituya un abogado de extracción militar para que se consume en México la dictadura del ejército?
Tanto la creación de la Guardia Nacional como la permanencia del ejército en las calles haciendo tareas de seguridad pública que no les mandata la Carta Magna y que violan flagrantemente el artículo 21 constitucional que consagra que la seguridad pública deberá de estar en manos de civiles. Pero, no solo eso, AMLO ha prostituido a las Fuerzas Armadas con tajadas y más tajadas de dinero para que cumplan tareas en aduanas, puertos, aeropuertos, reparto de medicamentos, asunto que no le hayan la cuadratura al círculo y terminará el sexenio sin abasto de medicamentos en los hospitales de México y ahora de pilón hasta su línea aérea y el disfrute de millonarios fideicomisos de los que no se rinde cuentas a la nación, práctica común de las dictaduras en el mundo.
De acuerdo con información del Guacamayazo, que está siendo revelada, nos enteramos que desde el 2021, el gobierno de AMLO entregó a la Sedena 113 mil millones de pesos, dineros opacos para que los gaste en el trenecito Maya, los aeropuertos, carreteras, obras públicas y en los chuchulucos de los altos mandos castrenses, pues sabido es que no rendirán cuentas por el destino de esos dineros públicos. ¿No es esto una forma de corromper a la institución del ejército mexicano?
Apenas la semana pasada, AMLO recibió otro severo revés político, pues la juez, Karla María Macías Lovera le marcó el alto con carácter indefinido a la Guardia Nacional frenando su anexión a la Sedena y ordenando que debe permanecer al mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como lo marca el 21 constitucional.
La juez Noveno de Distrito con residencia en Guanajuato, Karla María concedió a Ángel Castro Gómez defensor de derechos humanos y representante de la organización Uniendo Caminos México, la suspensión definitiva para que la Guardia Nacional no forme parte de la Sedena por su evidente violación a los derechos humanos y a la Carta Magna.
En su exposición de motivos, la impartidora de justicia, señaló que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.
¿Cómo les habrá quedado el ojo y el hígado al presidente y a su corifeo mandamás de la Corte, Arturo Zaldívar?